Fallo contra la UTEM pone en duda imparcialidad de la
Comisión Nacional de Acreditación
La vicepresidenta del Consejo de Educación Superior de Educación, Paulina Dittborn, no se inhabilitó en la votación que finalmente le negó la acreditación –en última instancia- a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) el pasado 2 de abril. Su decisión ha generado suspicacias, debido al cargo directivo que ocupa en INACAP, universidad privada que mantiene un conflicto judicial con la casa de estudios del Estado.
La historia que generó el actual marco regulatorio del sistema de certificación de las universidades nacionales, comienza el pasado 23 de octubre de 2006, cuando la presidenta Michelle Bachelet promulga la Ley de Aseguramiento de la Calidad[1]. El problema de fondo es que se dejó una institucionalidad sin ninguna atribución para resolver problemas de intereses o que sea capaz de sancionar imparcialmente a todas las universidades del país.
La mandataria señaló que la ley cuenta con un nuevo organismo encargado de certificar la calidad de las instituciones, llamado Comisión Nacional de Acreditación. Este, en reemplazo de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), cuenta con la particularidad de permitir la participación en el sistema de agencias acreditadoras externas, las que funcionan bajo la lógica del mercado, tal como lo establece el artículo 34 de dicha ley[2].
Sin embargo, lo que omitió en dicho discurso, fue el débil alcance de la nueva ley, que no establece una obligatoriedad de la acreditación en todas las universidades y carreras del país, a excepción de Educación y Medicina. El único “castigo” para las casas de estudios que no se acreditan es no otorgarles el crédito con aval del Estado.
Viejas caras, nuevas caras
Amparándose en este nuevo marco regulatorio, comenzaron a aparecer una serie de entidades, dispuestas a abarcar la demanda del emergente mercado.
Una de ellas es Akredita, integrada por los ex rectores Luis Riveros –Universidad de Chile, Ubaldo Zúñiga –Usach-, Jaime Pozo –Universidad de la Serena-, entre otros. Incluso, el diputado de Renovación Nacional, Maximiano Errázuriz, también forma parte de la organización, siendo socio y secretario de esta, pese a ser uno de los impulsores del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
Según La Nación[3], Riveros señaló que su agencia está saliendo de un largo período de organización y que el grupo ya tiene todo lo necesario para partir. Incluso, ya cuentan con los pares nacionales e internacionales que les exige la ley para funcionar.
Sin embargo, la participación del vicerrector en ejercicio de la Universidad Austral, Iván Navarro, comenzó a generar dudas sobre la imparcialidad de este nuevo sistema.
Al ser consultado por La Nación sobre una posible incompatibilidad entre su cargo y el trabajo en la agencia cuya labor es precisamente certificar centros de estudio, Riveros señaló que “no existe tal incompatibilidad, porque la ley establece que si llevamos un proceso de la Universidad de los Lagos, por ejemplo, quien esté vinculado a ella no participa, simplemente”[4].
Todas las agencias que quieran formar parte del sistema de acreditación, tal como lo hace Akredita, deberá gestionar ante la Comisión Nacional Acreditadora (CNA) la autorización para “prestar servicios” ofrecidos a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que soliciten la certificación de determinada carrera.
Problemas en la UTEM
Esta universidad, la más joven de las estatales derivadas, se constituyó como tal en agosto de 1993, a partir del Instituto Profesional de Santiago, IPS. Este último había nacido en marzo de 1981, como consecuencia del “corte” de algunas carreras de la Universidad de Chile, a las que el gobierno militar dejó al margen de la calificación de “universitarias”[5].
Con el correr de los años, producto de la política de autofinanciamiento iniciada bajo la dictadura militar, que cambió completamente la estructura de las universidades chilenas[6], la UTEM, amparada en la autonomía, desde que asumió el rector Miguel Avendaño Berríos el año 2001, formó una serie de sociedades anónimas que son realmente las que imparten la educación en dicho plantel.
Esto significa que el rector Avendaño y su equipo ha “terceriazado” gran parte de la educación que ofrece la UTEM. Esto no lo sabían los estudiantes hasta que, gatillado por el conflicto de la carrera de Criminalística, empezaron a detectar que todo en dicho plantel pertenece a Edutem S.A, Aula Limitada, Celta S.A y otras empresas.[7].
En la sesión del 15 de octubre de 2007, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el rector Miguel Ángel Avendaño trató de bajar la presión a las críticas y señaló que las anomalías descritas en los informes de la Contraloría, en los que se enjuicia lo ocurrido en la UTEM, se habían solucionado[8].
Sin embargo, esto no es efectivo, ya que como señaló el propio Avendaño el 20 de diciembre de 2007, según recoge El Mostrador, recién en esa fecha, la universidad estatal se desligó de algunas entidades de “gestión externa”, vinculadas específicamente con el proceso de matrículas[9].
En la misma sesión, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, dio otra versión a la comisión al manifestar a los diputados una serie de críticas a la gestión y administración de la UTEM, que podrían llegar incluso a configurar situaciones delictuales[10].
Pese a que las prácticas de la UTEM constituyen serias irregularidades en términos de gestión, son casos menores si se comparan con los mecanismos que utilizan las universidades privadas para generar recursos. Tal como señala María Olivia Mönckeberg, las fundaciones que son dueñas de estas casas de estudios arriendan sus inmuebles a inmobiliarias de su misma propiedad, para así generar una diferencia que permita ingresar beneficios[11].
Además, también se puede mencionar la curiosa utilización del leasing para la compra de inmuebles, que es pagado a treinta años. Según la misma Mönckeberg, las universidades privadas pueden pagarlo a través del alza constante de aranceles.
Las dos almas de la hermana de Julio Dittborn
Casi por unanimidad, el pasado 2 de abril, exceptuando el voto del consejero asignado por las Academias del Instituto de Chile, Santiago Vera, el consejo de Educación Superior optó por no dar la acreditación a la entidad estatal.
El problema de este fallo es que no se inhabilitó la vicepresidenta del organismo, Paulina Dittborn Cordua (UDI), designada en representación de los institutos profesionales. Esto, pese a ser la directora de Desarrollo y Proyectos Educativos de Inacap, institución que tiene un conflicto que se arrastra desde 2004 con la universidad dirigida por Miguel Avendaño[12].
Ese año, Inacap presentó ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía dos solicitudes de registro de las marcas comerciales: “Universidad Tecnológica de Chile”, así como el registro de la frase publicitaria “INACAP, creando la Universidad Tecnológica de Chile”.
La UTEM, por su parte, se opuso a la iniciativa, iniciando un proceso judicial que actualmente se encuentra en la Corte Suprema, debido a los recursos presentados por INACAP, para lograr revertir los pronunciamientos precedentes que les han sido desfavorables[13].
Nueva ley universitaria en camino
La entrega del informe del Consejo Asesor para la Educación Superior, presidido por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlo Peña, conducirá a la creación de una nueva ley universitaria. El desafío está en que los parlamentarios, esta vez, sean capaces de subsanar las deficiencias del marco regulatorio actual que presenta el sistema. En donde, se permite que jueces de instancias superiores en el ámbito de acreditación tengan intereses creados, como es el caso de Paulina Dittborn,
Además, pese a no especificarlo en el informe, como consigna EMOL[14], es de vital importancia que el Senado se pronuncia ante la vital contradicción de las universidades privadas, que en el papel operan como fundaciones, pero en la práctica generan enormes utilidades para sus dueños
Notas:
[1] Bachelet promulgó nueva ley de educación Superior (2006, 23 de octubre). Recuperado el 23 de abril de 2008, de http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061023/pags/20061023162358.html
[2] Ley de Aseguramiento de la Calidad (s.f). Recuperado el 24 de abril de 2008 de http://www.cnachile.cl/docs/Ley_Aseg_Calidad.pdf
[3] Pavez K., A. Valencia. (2006). El Negocio que abre la nueva Ley de Acreditación. Recuperado el 23 de abril de 2008 de http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061221/pags/20061221213549.html
[4] Pavez K., A. Valencia. (2006). El Negocio que abre la nueva Ley de Acreditación. Recuperado el 23 de abril de 2008 de http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20061221/pags/20061221213549.html
[5] Mönckeberg M.O (2007). El Negocio de las Universidades en Chile. A través del Caleidoscopio en Mönckeberg M.O. Editorial Debate (1,560).
[6] Mönckeberg M.O (2005). La privatización de las Universidades: Una historia de dinero, poder e influencias. (1). Santiago, Chile. Editorial Copa Rota.
[7]Mönckeberg, M.O (2007). El Negocio de las Universidades en Chile. A través del Caleidoscopio en Mönckeberg M.O. Editorial Debate (1,561pp)
[8]Mönckeberg, M.O (2007). El Negocio de las Universidades en Chile. A través del Caleidoscopio en Mönckeberg, M.O. Editorial Debate (1,562pp)
[9] Urquieta, C. (2007). UTEM finiquitó contratos con empresas externas encargadas de gestión. Recuperado el 24 de abril de 2008, en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_new.asp?id_noticia=236176&estHomepage=Destacados
[10] Mönckeberg, M.O (2007). El Negocio de las Universidades en Chile. A través del Caleidoscopio en Mönckeberg, M.O. Editorial Debate (1,562pp)
[11] Mönckeberg M.O (2005). La privatización de las Universidades: Una historia de dinero, poder e influencias. (1). Santiago, Chile. Editorial Copa Rota
[12] Urquieta, C.(2008) Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades. Recuperado el 25 de abril de 2008 en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=244072
[13] Urquieta, C.(2008) Los conflictos de interés que enturbian la acreditación de universidades. Recuperado el 25 de abril de 2008 en http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=244072
[14] Morales, K.(2008). Informe del Consejo Asesor para Educación Superior no zanja tema del lucro. Recuperado el 25 de abril de 2008 en http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=297107
No hay comentarios:
Publicar un comentario