(fuente imagen: www.pedagogiasocial.cl)Las políticas educacionales de los gobiernos de la Concertación hacia el sistema de educación superior, continuadoras del proyecto educativo iniciado con las reformas de la dictadura de 1981, han puesto énfasis en la cobertura por sobre la calidad de la enseñanza impartida. La propia presidenta, Michelle Bachelet, al pronunciarse sobre uno de los tantos avances del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior, señaló que la meta del gobierno es que de aquí al bicentenario existan un millón de estudiantes dentro del sistema.
Por Equipo de Comunicaciones
La oferta de educación superior es extensa. Según diversos indicadores, existen 207 instituciones “superiores” con reconocimiento oficial del Estado. De estas, 60 son Universidades, 38 Institutos Profesionales, 94 Centros de Formación Técnica y 15 Institutos de Formación Superior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
De las 60 universidades existentes hoy, 25 están agrupadas en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), de las cuales 16 son estatales y 9 son privadas tradicionales o derivadas de estas.
Sin embargo, pese a esta gran oferta, no todo es tan auspicioso. Según el informe de la UNESCO, "La educación Cuenta", de septiembre pasado, el año 2005, el 48% de los jóvenes chilenos estaba matriculado en la Educación Superior, siendo el 47% de estos mujeres y el 49% hombres. El problema es que sólo el 19% de ellos logra graduarse.
Cambios drásticos en Dictadura
Los cambios estructurales que modificaron para siempre el sistema de educación superior parten en la década de los ochenta, de la mano de Gonzalo Vial, fecha en que la UTE (actual USACH) y la Universidad de Chile dejan de tener la impronta nacional que habían cultivado por más de 100 años. Sus sedes, bajo el Decreto de Ley Nº 3.541 de 1980, son transformadas en nuevas universidades e institutos profesionales a lo largo del país.
Esta medida es complementada a partir del DFL Nº 1 de 3 de enero de 1981, que les otorgó la independencia a todos los Colegios Regionales Universitarios- pertenecientes a la Universidad de Chile-, fusionándolos con las sedes de la Universidad Técnica del Estado, y creando las llamadas universidades regionales. La dictadura militar justificó esta reestructuración debido a que "buscaba romper con la centralización de la educación".
Como señala el documento Integración latinoamericana en el diseño curricular de las carreras de pre-grado universitarias: El caso de Chile, de Iris Vittini, Profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el actual sistema de educación superior viene construyéndose desde la dictadura, con la Constitución de 1980, que – a su juicio- puso fin al Estado Docente y que además consagra la libertad de enseñanza.
“Estos nuevos paradigmas incluyen el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales con total independencia económica, administrativa y académica de las instituciones, sean estas de propiedad del Estado o creadas por particulares privados” –afirma Vittini-.
En la misma línea se desarrolla el estudio Informe sobre la educación superior en Chile, La arquitectura básica del sistema chileno de educación de Andrés Bernasconi y Fernando Rojas, quienes aseguran que la arquitectura básica del sistema chileno de educación, fue establecido en la década de los ochenta y definida por los hitos jurídicos que abren y cierran la década.
Lo primero que hacen los autores es mencionar que la Constitución de 1980 pone fin al Estado Docente y establece en su reemplazo un orden jurídico educacional presidido por la libertad de enseñanza. Luego las reformas privatizadoras de 1981 que pusieron al mercado y a la competencia entre instituciones como principales mecanismos de coordinación y control de la educación superior. Finalmente, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), de 1990, que se instaló el 10 de marzo, un día antes de la vuelta a la democracia.
Golpe a los Colegios Profesionales
El debilitamiento de los Colegios Profesionales ha sido uno de los mecanismos más efectivos de la Dictadura para mantener intacta su institucionalidad.
El primero en analizar los cambios que comenzaban a realizarse en este ámbito fue Jaime Guzmán, en su columna semanal de la revista Ercilla, el 14 de enero de 1981.
“Así como la apertura de nuestra economía a la competencia externa e interna colocó al consumidor como el gran árbitro y beneficiado, la nueva institucionalidad universitaria hace algo semejante con el alumno o postulante universitario. Los egresados de enseñanza media podrán optar entre la universidad y otros institutos de educación superior, viendo en ello la tan anhelada y prometida diversificación técnico profesional”-afirmaba Guzmán-.
Guzmán agregó que frente a estos cambios, “nada podrá el anacrónico quejido de algunas superestructuras de colegios profesionales que, pretextando innecesarias defensas de estatus de ciertas profesiones, solo abogan por mantener injustificados monopolios limitantes para su ejercicio”.
Sin embargo, la periodista María Olivia Monckeberg, en su libro “La privatización de las universidades”, tiene otra interpretación respecto al anacrónico quejido esbozado por Guzmán. La periodista señala que el deliberado debilitamiento de las organizaciones sociales tradicionales, que ya había comenzado a materializarse con las reformas hacia los sindicatos, abarcó –a su juicio- otros ámbitos impensados hasta ese momento.
En pleno período de vacaciones, el gobierno anunció una reforma que terminó con la afiliación obligatoria a los Colegios Profesionales y eliminó la tuición sobre la ética que estos tenían. “De una plumada cambió su naturaleza y desde ese momento pasaron a ser Asociaciones Gremiales” –señala Monckeberg-. Debieron agregar a su nombre la sigla A.G. Recién en agosto de 2005, a través de las reformas constitucionales impulsadas por el ex presidente Ricardo Lagos, la tuición de la ética regresa a formar parte de los Colegios Profesionales. Sin embargo, la afiliación de estos continúa siendo voluntaria.
La medida, que tomó por sorpresa a los cerca de 300 mil integrantes de los colegios, fue, para Monckeberg, una de las primeras iniciativas de Miguel Kast en su nuevo rol de ministro de Trabajo y previsión social, asumiendo el cargo el 29 de diciembre de 1980.
“Cuando Kast anunció las reformas a los colegios profesionales, declaró que el Estado velará a través de sus propios organismos por el correcto ejercicio de las profesiones y en el caso de detectar alguna irregularidades presentará las denuncias correspondientes a los tribunales de justicia” -señala Monckeberg-.
Lo paradójico para la periodista era que los colegios eran tradicionales en Chile. A pesar de las connotaciones izquierdistas que podrían haber prevalecido, la mayoría estuvo en la oposición al gobierno de la Unidad Popular y protagonizó paros junto a los gremios empresariales.
El principio para reformular la esencia de los colegios, a juicio de Monckeberg, fue el mismo que se impuso en la legislación laboral: nadie está obligado a organizarse. Los capitanes civiles del régimen calificaban a los colegios de corporativistas y les imputaban la defensa de sus intereses en desmedro de la sociedad, como lo había dicho Jaime Guzmán.
Aparece Fondecyt
Otro duro golpe a las universidades fue la creación de Fondecyt, que elimina para siempre el sentido de "universidad" dentro de los proyectos de investigación.
En octubre de 1981 se completó el diseño con una reforma en la asignación de los recursos para la investigación. Fue creado Fondecyt, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, destinado a financiar proyectos y programas de investigación.
Los aportes no irían directamente a los planteles universitarios para que estos los reubicaran a las diversas líneas de trabajo, como hasta ese momento, sino a los investigadores y sus proyectos.
Los ministros de Educación, Hacienda, Odeplan integrarían un Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que destinaría los montos globales para los fondos concursables.
La Comisión Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Conicyt, tendría entre sus tareas la misión de dar el apoyo administrativo al nuevo fondo.
Según la periodista María Olivia Monckeberg, “la creación de Fondecyt cambió la modalidad del trabajo de investigación. Hoy día los académicos que investigan no depende de la universidad ni se deben a ella, se deben a su Fondecyt”. Agrega que este sistema fue pensado para “destruir la universidad, el sentido de comunidad académica e intelectual”.
Además. Monckeberg señala que “desde el gobierno se argumentó que los fondos concursables respondían a un modelo internacional moderno y eficiente para asignar recursos. Pero no hay que olvidar que en otras universidades los fondos concursables son además de y no en vez de, como aquí”.
Cuatro grandes objetivos
Uno que comparte las políticas realizadas en el Régimen Militar -y que públicamente trata de no explicitarlo con tanta recurrencia- es el senador y actual presidente de la UDI, Hernán Larraín. Dentro del libro Análisis Crítico del Régimen Militar –editado por el historiador Gonzalo Vial Correa- el dirigente gremialista expone los beneficios que habría traído la reformulación de la Educación Superior iniciada en la década de los ochenta.
A juicio de Larraín, se persiguieron dentro del Régimen Militar cuatro grandes objetivos en la Educación Superior: libertad para la apertura y el establecimiento de nuevas universidades, diversificar la oferta de la Educación Superior, establecer un nuevo esquema de financiamiento y promover la igualdad de oportunidades.
Larraín señala que los cambios efectuados en materia educacional dentro de la dictadura militar, fueron capaces de reconocer la insuficiente protección de la autonomía universitaria, a la que no solamente se debilitaba con injerencias externas, sino que a través de la dependencia del financiamiento estatal. “Vale decir, al depender en un 95% las universidades del presupuesto fiscal, la debilidad de estas corporaciones era del todo evidente –señala el actual senador-.
El problema para Larraín, es que se había establecido un monopolio de hecho, “en virtud del cual no se podían crear nuevas corporaciones, porque el sistema presionaba para que eso no ocurriera. Además, todo lo que ocurría a nivel post-media -o sea, al nivel de la educación terciaria- tenía que tener carácter universitario, o si no, esa falta de status hacia que no fuese nunca una opción viable por falta de prestigio social”.
La consecuencia de lo que califica como monopolio, para el ex vicerrector de la Universidad Católica, motivó a las universidades –principalmente a la Universidad de Chile y a la UTE- a crear sedes y carreras baratas, de segunda categoría, para poder cumplir la finalidad de darle acceso a más personas y lograr así mayores beneficios económicos.
La educación universitaria alcanzó a tener cerca de 150 mil alumnos, de los cuales aproximadamente un tercio estaba en carreras de educación, pues la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado y la Universidad Católica crearon sedes eminentemente pedagógicas.
Para Larraín, esto se explica ya que eran las carreras mas baratas que podían crear y porque tenían un doble efecto: además de generar una gran cantidad de profesores había cerca de 50 mil alumnos en carreras educacionales, cuando todo el profesorado contratado en ese minuto en el medio educacional no superaba los 120 mil. “Esto producía un efecto muy negativo en la enseñanza media, sobre todo en la impartida por los liceos y los colegios de provincia” –señala el presidente de la UDI-.
En el año 1981, el gobierno militar cambia las reglas, y permite la creación de nuevas universidades. Ese mismo año se crearon cuatro, tres de las cuales comienzan a funcionar inmediatamente.
Ya en 1990 había cuarenta universidades privadas, creadas bajo el amparo de la nueva legislación. “Ciertamente, esto podrá dar origen a muchos cuestionamientos, pero generó una situación que creo que será inamovible: un espacio para la acción privada en la formación de profesionales, en la generación de instancias académicas distintas, no siempre tan innovativas, que no podrá ser destruida, ni reducida, ni minimizada” –asegura Larraín-.
Por otra parte, -según el senador- hubo problemas en el sistema de examinación bajo el cual las nuevas universidades se crearon, pero que fueron corregidos por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. “Ello permitió generar mecanismos de mayor rigor para la creación y supervisión de las nuevas universidades” –asegura Larraín-.
Lo esencial para Larraín es que a pesar de todas las deficiencias, debe destacarse un hecho de mayor importancia. “Nunca debemos olvidar que la libertad de enseñanza no solamente consiste en poder expresar en la cátedra lo que piensa el profesor, sino que también consiste en “la libertad de crear y mantener establecimientos educacionales. Si no se da ese factor, siempre estaremos ante una situación restrictiva de la libertad”-asegura-.
Para ello, lo que hizo el Régimen Militar fue crear una cosa algo compleja en su comprensión inicial, al señalar que solamente tenían nivel universitario aquellas carreras que conducían al grado de licenciado. Aquellas carreras que no cumplían con este requisito podían ser impartidas por otras entidades. Así se crearon los institutos profesionales para carreras de un cierto nivel, y los centro de formación técnica, para carreras mas cortas y de carácter técnico.
Debate actual
A juicio de Margarita Iglesias Saldaña, Historiadora y Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, el debate no debería centrarse en eliminar la educación privada por sobre la de carácter público.
“La educación pública y privada han coexistido en Chile desde los albores de la República. El problema no radica necesariamente en la forma mixta de impulsar las políticas de educación, sino en que tenemos una dictadura del mercado, que actúa por sobre los intereses de las políticas públicas en el desarrollo estratégico del país, en este caso de las políticas de Educación”-asegura Iglesias-.
Cabe señalar que hasta los más fieles defensores del actual modelo de Educación Superior, como José Joaquín Brunner, reconocen que la actual situación en Chile ha incrementado las diferencias sociales a través de la selección de la educación. Tal como señala en su documento Sistema privatizado y mercados universitarios, “la situación chilena en términos de educación apenas encubre el hecho de que es, a pesar de todos los beneficios que entrega en materia de cobertura es, simultáneamente, un proceso de selección social”.
Iglesias agrega que en Chile, como en otros países de América Latina, la expansión de la Educación Superior en las últimas tres décadas trajo consigo el debilitamiento de la calidad y de la pertinencia de la misma, ya que no ha sido capaz de preparar a sus profesionales para responder a las exigencias cada vez más altas del entorno, caracterizados por los rápidos cambios de las sociedad y su inserción en un mundo globalizado, cada vez más competitivo e interconectado.
Esta idea es compartida por un reciente informe titulado La Educación Superior y los Procesos de Integración, del Convenio Andrés Bello, cuyo autor es José María Leyton.
En dicho estudio se señala que dentro de las universidades de la región, hasta la década de los ochenta se impuso el modelo profesionalizante –en desmedro de la investigación-, el que no generó investigación y nuevos conocimientos propios durante décadas.
Esta situación –a juicio del autor- se refleja en la media latinoamericana de profesores con doctorados, que a principios de los noventa no superaba el 10% de la masa crítica de las universidades.
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