Luego de intercambio epistolar entre Bachelet y la Alianza
Gobierno desafía a la derecha y repone suma urgencia a la LGE
(http://www.elmostrador.cl)
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Los presidentes de la UDI y RN no quedaron conformes con la respuesta que les envió la Presidenta Bachelet y en la que justificó la decisión de no retirar las indicaciones al proyecto que reforma la LOCE. Y mientras el bloque opositor insistía en que con ello se estaba pasando por alto el acuerdo alcanzado en noviembre de 2007, la ministra de Educación anunciaba que si la idea de legislar se rechazaba en la Cámara, el Ejecutivo repondrá la iniciativa en el Senado.
El Gobierno resolvió este lunes reponer el carácter se suma urgencia al cada vez más polémico proyecto de Ley General de Educación (LGE), luego que la derecha anunciara que persistiría en su rechazo a la iniciativa si no se retiraban las indicaciones que le fueron incorporadas con posterioridad al acuerdo alcanzado en noviembre entre el oficialismo y la oposición.
La decisión la comunicó la ministra de Educación, Mónica Jiménez, luego de participar en la reunión del Comité Político, que encabezó el vicepresidente de la República Andrés Velasco, y a la que asistieron también los presidentes de los partidos de la Concertación.
“Hemos acordado en el comité político, con la presencia de todos los ministros y los presidentes de los partidos, que vamos a reponer la suma urgencia de la ley General de Eduación”, dijo la titular del Mineduc, precisando que “la Alianza si vota no legislar, nosotros lo vamos a reponer en el Senado, pero nosotros no vamos a retirar las indicaciones”.
La secretaria de Estado dio a conocer la posición del Ejecutivo en momentos que los timoneles de la UDI y RN, Hernán y Carlos Larraín, respectivamente, manifestaban conjuntamente su rechazo a la respuesta de la Presidenta Michelle Bachelet a una carta que le enviaron el pasado 4 de junio y en la que la instaban a retirar las indicaciones referidas a una definición más categórica de la educación pública y a disminuir de cuatro a un año el tiempo en que los sostenedores deben tener un giro único.
De hecho, en la misiva de respuesta la jefa de Estado descartó que la presencia de dichas indicaciones signifique el incumplimiento del acuerdo entre la Alianza y el Gobierno.
Intercambio epistolar
“Hasta el momento la LGE ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados con algunas modificaciones convenidas entre los parlamentarios de Gobierno y de oposición y con el asentimiento del Ministerio de Educación”, argumentó Michelle Bachelet en su respuesta el pasado sábado 7 de junio.
Agregó que la comisión de Hacienda de la Cámara baja “le dio su respaldo luego de que algunos parlamentarios de la Concertación retiraran sus indicaciones. En esa oportunidad hice presente dos indicaciones, una relativa a la necesidad de acortar el plazo para que los sostenedores particulares pasaran a ser personas jurídicas de giro único, con el propósito de resguardar mejor el destino de los recursos públicos, y otra que contempla una mención explícita a la educación pública gratuita y pluralista”. La mandataria destacó que la primera indicación “fue aceptada por la Alianza, mientras que la segunda sobre educación pública, para mi sorpresa, ha suscitado objeciones”.
Y enfatizó que para su administración “la educación en general, y en especial la pública, debe ser objeto de una profunda reforma en los términos convenidos. Creo no haber me aparatado ni un milímetro del espíritu del acuerdo al mencionar en forma más clara la importancia de la educación pública. No me anima más que la preocupación por los niños que concurren a sus aulas y el convencimiento que las escuelas y los liceos fiscales tienen el deber de contribuir de mejor modo a la movilidad y la inclusión social, poniéndose a la vanguardia en lo docente”.
La decisión la comunicó la ministra de Educación, Mónica Jiménez, luego de participar en la reunión del Comité Político, que encabezó el vicepresidente de la República Andrés Velasco, y a la que asistieron también los presidentes de los partidos de la Concertación.
“Hemos acordado en el comité político, con la presencia de todos los ministros y los presidentes de los partidos, que vamos a reponer la suma urgencia de la ley General de Eduación”, dijo la titular del Mineduc, precisando que “la Alianza si vota no legislar, nosotros lo vamos a reponer en el Senado, pero nosotros no vamos a retirar las indicaciones”.
La secretaria de Estado dio a conocer la posición del Ejecutivo en momentos que los timoneles de la UDI y RN, Hernán y Carlos Larraín, respectivamente, manifestaban conjuntamente su rechazo a la respuesta de la Presidenta Michelle Bachelet a una carta que le enviaron el pasado 4 de junio y en la que la instaban a retirar las indicaciones referidas a una definición más categórica de la educación pública y a disminuir de cuatro a un año el tiempo en que los sostenedores deben tener un giro único.
De hecho, en la misiva de respuesta la jefa de Estado descartó que la presencia de dichas indicaciones signifique el incumplimiento del acuerdo entre la Alianza y el Gobierno.
Intercambio epistolar
“Hasta el momento la LGE ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados con algunas modificaciones convenidas entre los parlamentarios de Gobierno y de oposición y con el asentimiento del Ministerio de Educación”, argumentó Michelle Bachelet en su respuesta el pasado sábado 7 de junio.
Agregó que la comisión de Hacienda de la Cámara baja “le dio su respaldo luego de que algunos parlamentarios de la Concertación retiraran sus indicaciones. En esa oportunidad hice presente dos indicaciones, una relativa a la necesidad de acortar el plazo para que los sostenedores particulares pasaran a ser personas jurídicas de giro único, con el propósito de resguardar mejor el destino de los recursos públicos, y otra que contempla una mención explícita a la educación pública gratuita y pluralista”. La mandataria destacó que la primera indicación “fue aceptada por la Alianza, mientras que la segunda sobre educación pública, para mi sorpresa, ha suscitado objeciones”.
Y enfatizó que para su administración “la educación en general, y en especial la pública, debe ser objeto de una profunda reforma en los términos convenidos. Creo no haber me aparatado ni un milímetro del espíritu del acuerdo al mencionar en forma más clara la importancia de la educación pública. No me anima más que la preocupación por los niños que concurren a sus aulas y el convencimiento que las escuelas y los liceos fiscales tienen el deber de contribuir de mejor modo a la movilidad y la inclusión social, poniéndose a la vanguardia en lo docente”.
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