EL ESCENARIO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACION.
Autor : Dr. Héctor A. VERA V
Periodista
Profesor Universidad de Santiago de Chile.
La Ministro de Educación Mónica Jiménez, está liderando la posición más ajena y contradictoria con las demandas de la comunidad educacional del país, compuesta por estudiantes, profesores, rectores de universidades públicas y millones de trabajadores que sufren las desmedidas utilidades del mercado y el deficiente y discriminatorio servicio educativo en todos los niveles.
Chile está entre los seis países que tienen una educación universitaria de las más caras del mundo, pero estamos lejos de tener ingresos correlativos a tal tremenda constatación. Las personas que sanamente se preguntan el porqué es mala la educación en Chile, tienen en este antecedente argumentos de sobra para pedir un cambio fundamental en las visiones que han estado operando desde tiempos de la dictadura.
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno actual, de la Concertación, de la Alianza, de la mayoría de los medios de difusión masiva, no han logrado convencer a buena parte de la ciudadanía, que el proyecto de ley general de educación , que se discute en el Parlamento, podría superar la insatisfactoria situación actual. Al contrario, este proyecto promueve más el mercado, mantiene la discriminación socio-económica, continua desresponsabilizando al Estado en la subvención a las universidades, incluso no prevé recursos para las universidades públicas y refuerza el modelo educativo ampliamente fracasado. En este escenario, donde no hay consenso social y tampoco entre los expertos, impedir que exista un amplio debate, es lo más deshonesto y antidemocrático que podríamos imaginarnos, como lo desea la nueva Ministra de Educación.
Algunos parlamentarios socialistas, radicales y del partido por la democracia, han presentado serias y fundamentales indicaciones al proyecto de ley en cuestión. La Ministra de Educación aboga por no discutirla en el marco de la ley y desea que el proyecto se apruebe en bloque. Es decir, ella busca imponer una ley contra la convicción de millones de chilenos, con el propósito de seguir haciéndole tributos a un mercado educacional incapaz de ofrecer educación responsable y de calidad, mientras se les retiran los recursos a la educación pública. Es el desastre total el que se está fraguando.
La USACH, que hace una tarea indiscutible de responsabilidad social, al educar a miles de personas de deficitaria situación económica cada año, solo recibe un 20% de los aportes del Estado y debe costearse el 80%, y debe hacerlo con leyes, reglamentos, disposiciones, propias de una administración pública anacrónica, que le impide ser una organización eficiente y dinámica, como la desean sus profesores y estudiantes.
Las universidades privadas, libres de trabas administrativas, compiten con las universidades públicas, donde las del estado deben cargar con una mochila de obstáculos de toda clase. El rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, como Presidente del Consorcio de Universidades del Estado, ha solicitado un cambio de políticas universitarias al poder político, pero es difícil que sea escuchado cuando el prejuicio mercantilista y antiestatista inunda las esferas del poder.
Las universidades privadas en Chile, aún no logran, con estas ventajas, un lugar de credibilidad y de prestigio entre muchos estudiantes y en la sociedad en general, porque, aunque sean dinámicas, también necesitan de conocimientos, de tradición académica y de grandes reinversiones que se contradicen con el proyecto de desarrollo educativo. Es momento de terminar con la terrible hipocresía que estas entidades privadas sean declaradas sin fines de lucro. Debieran trasparentarse su finalidad, pagar los impuestos y dejar de hacer pasar las utilidades de sus dueños como gastos de jardinería o de aseo.
Los estudiantes universitarios tienen toda la razón cuando piden el cambio del sistema del AFI que respalda a los alumnos que ya tienen buenos rendimientos y buena situación socio-económica y no corrige, en nada, las irritantes desigualdades. ¿Por qué el Estado de Chile, subvenciona a las personas que tienen altos recursos? Eso es la herencia de la dictadura. ¿Pero hasta cuando nos despojaremos de esta maldita herencia?
El movimiento liderado por los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, tiene sólidos fundamentos para reclamar un debate sobre el tipo de educación que deseamos, que sea abierto, amplio, honesto, donde la sociedad civil se haga escuchar y respetar por el poder político de las cúpulas, que cada vez, se distancia más de las necesidades y de los anhelos de los más desposeídos y de los más lúcidos intelectualmente.
La democracia chilena tiene la oportunidad de escuchar a esta sociedad civil que desea un cambio sustantivo en los lineamientos educacionales y favorecer el debate, renunciando a la represión abusiva o también puede, como lo temo, cerrarse al clamor de la comunidad educacional más activa y crítica e imponer la voluntad de una elite política que le cierra el camino a una vitalización real de la participación social. La movilización estudiantil actual va a poner a prueba el mejoramiento de la confianza entre gobernantes y gobernados, entre autoridades educativas y estudiantes o va a reafirmar su deterioro.
La actitud de la presidenta Michelle Bachelet va a ser decisiva. O se tomará el camino fecundo, aunque difícil, del diálogo efectivo y se discutirán seriamente las propuestas de los diputados críticos al proyecto o se tomará el camino fácil de la represión y del silenciamiento de los insatisfechos.
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